La llegada de la imprenta en 1450 no solo revolucionó la creación de libros: también transformó por completo la manera en que circulaban las ideas. Por primera vez, textos que antes eran exclusivos de monasterios o bibliotecas privadas pudieron multiplicarse y llegar a muchas más personas. Sin embargo, las autoridades religiosas y políticas no recibieron bien esta innovación, ya que la veían como una amenaza a su control.
En Europa, la Reforma protestante aprovechó esta tecnología para difundir sermones, traducciones de la Biblia y escritos críticos hacia la Iglesia católica a una velocidad que superaba los mecanismos tradicionales de control, y la autoridad religiosa reaccionó creando nuevas formas de vigilancia y censura para limitar su circulación.
En control de la Iglesia y el poder político
Una de las medidas más representativas fue el Index Librorum Prohibitorum (Índice de los libros prohibidos), creado por la Iglesia católica en 1559. En él se incluían libros considerados heréticos o inmorales, desde textos protestantes hasta obras literarias, filosóficas o científicas. Los impresores, autores y traductores estaban obligados a cumplir con estas normas bajo pena de multas o, en casos extremos, de muerte. El ejemplo más conocido es el de Giordano Bruno, ejecutado en 1600 por difundir ideas cosmológicas y teológicas en varios idiomas.
Asimismo, muchos monarcas europeos establecieron sus propios sistemas de control. La imprenta permitía difundir panfletos políticos, sátiras, críticas al poder o interpretaciones alternativas de los textos sagrados, y eso preocupaba a los gobiernos. Por eso en muchos países se estableció la censura previa (es decir, la obligación a someter el texto a aprobación antes de imprimir) y los impresores debían contar con licencia oficial antes de publicar cualquier obra. En Francia, por ejemplo, solo unas pocas imprentas tenían autorización y todos los libros debían obtener el privilegio real antes de ser publicados; y en Inglaterra, el Parlamento instituyó la Licensing Order de 1643, que obligaba a los autores a registrar sus textos antes de imprimirlos. Las obras autorizadas podían ser prohibidas posteriormente, como ocurrió en España con escritos filosóficos que fueron aprobados bajo Carlos III y censurados después bajo Carlos IV.
Este sistema creó un clima de autocensura y de vigilancia constante. Muchos autores suavizaban sus textos antes de presentarlos, otros optaban por publicar en el extranjero, y algunos autores, como Jovellanos, difundieron manuscritos de forma clandestina, para evitar persecuciones. A pesar de todo, este estricto control no logró eliminar la circulación de textos prohibidos, sino que fomentó la imprenta clandestina. En países como Holanda y Suiza, donde había menor censura, se imprimían libros prohibidos que luego circulaban en secreto por el resto de Europa.
La censura en España
España fue uno de los primeros países en introducir la imprenta, hacia 1470, pero siempre bajo una vigilancia muy estricta. La Inquisición no solo supervisaba los contenidos religiosos, sino también obras profanas que podían ser consideradas inmorales o subversivas. Durante los siglos XVI y XVII, la censura afectó especialmente a obras literarias procedentes de Italia. Obras como Il Pecorone de Giovanni Florentino o algunas versiones de La Arcadia de Jacopo Sannazaro fueron vetadas por su tono amoroso y sensual, considerado impropio de la moral católica.
La censura no solo se aplicaba a los libros en conjunto, sino también a fragmentos, palabras o incluso a nombres propios. En ciertos ejemplares de la época se pueden ver tachaduras, reemplazos de palabras y reescrituras parciales, sobre todo en obras que contenían referencias a religión, política o sexualidad. En los archivos conservados hoy en la Biblioteca Nacional se pueden encontrar instrucciones específicas como: «Táchese el nombre de Venus por su connotación lasciva». Además, para justificar su publicación, los traductores y editores añadían advertencias morales o enfoques críticos para evitar represalias. Expresiones como «ofrezco este texto como ejemplo de errores que deben evitarse» o «lo traduzco con fines exclusivamente pedagógicos» servían como mecanismos de distanciamiento.
La transición hacia el liberalismo y la libertad de imprenta
No fue hasta el siglo XIX que se intentó romper con esta tradición censoria. En 1810, con el decreto de las Cortes de Cádiz, por primera vez se eliminaba legalmente la censura previa en España. El cambio no era solo legal, sino conceptual: se pasaba de un sistema de control previo a uno de responsabilidad posterior. Es decir, ya no se necesitaba autorización para imprimir, pero sí se podía ser juzgado (incluso con penas de cárcel) si el contenido atentaba contra la religión, la moral o la seguridad del Estado. Esta medida buscaba fomentar el debate público y la prensa política, en un momento en que España necesitaba legitimar su nuevo régimen constitucional. Sin embargo, la libertad no duró mucho: en 1814, con la restauración absolutista de Fernando VII, la censura previa volvió a instaurarse y se persiguió activamente a quienes habían aprovechado esa breve libertad.
En las décadas siguientes, la libertad de imprenta fue consolidándose de manera progresiva, aunque muchas prácticas censoras, lejos de desaparecer, se adaptaron a los nuevos contextos. Durante el franquismo, por ejemplo, la revisión y censura de traducciones literarias siguió activa bajo el control del Ministerio de Información, que retomó mecanismos propios de tradiciones inquisitoriales y absolutistas. Esta continuidad histórica explica la complejidad de la historia de la libertad de expresión en España.
Maddi Orue Azpiazu