Cuando se habla de traducción en el ámbito legal, es común que surjan confusiones entre dos conceptos que, aunque relacionados, presentan funciones y características distintas: la traducción jurídica y la traducción jurada. Entender las diferencias entre ambas es crucial para elegir el tipo de servicio adecuado según las necesidades del documento y su uso previsto. Por ello, hemos querido dedicar este pequeño espacio a indagar en qué consiste cada una de ellas, qué las distingue y por qué es importante no usarlas como sinónimos.
¿Qué diferencia una traducción jurídica de una traducción jurada?
Aunque a menudo se confunden, la traducción jurídica y la traducción jurada cumplen funciones distintas dentro del ámbito legal. La traducción jurídica se refiere a la traducción especializada de textos legales, como contratos, sentencias, leyes o estatutos. Requiere un profundo conocimiento del lenguaje legal y de los sistemas jurídicos involucrados, pero no necesariamente tiene validez oficial ante organismos públicos.
Por otro lado, la traducción jurada es aquella que ha sido realizada y certificada por un traductor jurado autorizado por una entidad competente (como el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el caso de España). Esta traducción tiene carácter oficial y se utiliza para presentar documentos ante instituciones públicas. Dichos documentos pueden ser de muy diversa índole, desde contratos de compraventa hasta títulos académicos o poderes notariales.
Por tanto, mientras que todas las traducciones juradas son traducciones jurídicas, solo unas pocas traducciones jurídicas tienen el estatus de juradas.
Diferencias de tarifas y estatus profesional
Además de sus funciones y características, la traducción jurídica y la traducción jurada también difieren en aspectos prácticos como las tarifas y el estatus profesional del traductor.
En general, las traducciones juradas suelen tener tarifas más altas que las jurídicas. Esto se debe a varios factores: el carácter oficial del servicio, la responsabilidad legal que implica certificar un documento, y el hecho de que cada traducción jurada debe ir firmada, sellada y, a menudo, impresa; también hay una mayor carga administrativa asociada, especialmente si el documento se va a presentar ante organismos públicos.
Por su parte, la traducción jurídica puede tener tarifas más variables, dependiendo del tipo de texto, su complejidad y el campo específico del derecho al que pertenezca. Aunque no requiere certificación oficial, sí exige un alto nivel de especialización terminológica y conocimiento profundo de los sistemas jurídicos implicados, lo cual también puede justificar tarifas elevadas, especialmente en entornos profesionales exigentes como despachos de abogados o instituciones internacionales. No obstante, por norma general, la tarifa de traducción de un mismo documento se verá incrementada si se requiere una traducción jurada en lugar de una traducción jurídica al uso.
En cuanto al estatus profesional, el traductor jurídico se presenta como un especialista en el ámbito jurídico (pudiendo acreditar su especialización a través de un curso superior o un máster en traducción jurídica), mientras que el traductor jurado goza de un reconocimiento oficial al haber sido nombrado por una autoridad competente. Dicha habilitación implica que sus traducciones tienen validez legal, lo que supone una responsabilidad directa sobre su exactitud y correspondencia con el original.
La traducción jurada en España
Una traducción jurada tiene validez siempre y cuando la haya realizado un profesional que posea el título de traductor e intérprete jurado. En nuestro país, solo pueden realizar traducciones juradas los traductores habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) para traducir de una lengua extranjera a una de las lenguas oficiales del Estado español y viceversa. No obstante, cabe subrayar que los traductores jurados no son funcionarios públicos ni cuentan con una plaza oficial, sino que son profesionales independientes que ejercen su cometido de forma autónoma o dentro de una empresa y que han sido autorizados por el MAEC.
Es el propio MAEC quien acredita que los traductores están debidamente cualificados a través de dos vías: mediante la superación del examen de idiomas de la Oficina de Interpretación de Lenguas (organismo dependiente del Ministerio que nombra a los traductores e intérpretes jurados) o por reconocimiento de un título extranjero obtenido en otro país comunitario. Antes de la implementación íntegra del Plan Bolonia (2010-2011), existía una tercera vía para poder convertirse en traductor jurado: la convalidación de la licenciatura de Traducción e Interpretación siempre que se hubieran superado los créditos exigidos en traducción jurídica y económica. No obstante, esta opción está totalmente relegada en la actualidad.
La traducción jurada en el Reino Unido
En el Reino Unido, el concepto de traducción jurada no existe de la misma forma que en países como España, donde, como hemos visto, los traductores jurados son nombrados por una autoridad oficial y sus traducciones tienen automáticamente carácter legal. En lugar del sistema de “traductor jurado”, en el Reino Unido se utiliza el concepto de traducción certificada (certified translation).
En este modelo, cualquier traductor cualificado (o una agencia de traducción) puede emitir una traducción certificada, siempre que cumpla con ciertos requisitos, como adjuntar una declaración firmada que certifique que la traducción es una representación fiel y precisa del documento original.
No existe, por tanto, un sello oficial ni un nombramiento gubernamental que autorice a alguien como “traductor jurado”, aunque sí es habitual que los traductores estén afiliados a organizaciones profesionales. Estas afiliaciones otorgan mayor credibilidad al traductor y, en muchos casos, son valoradas positivamente por autoridades o entidades que requieren la traducción.
En algunos casos, especialmente cuando la traducción va a presentarse en el extranjero, puede requerirse una apostilla (a través del Foreign, Commonwealth & Development Office), certificado que valida la firma del notario para que la traducción sea aceptada en países que forman parte del Convenio de La Haya.
La traducción jurada en Alemania
A diferencia de lo que ocurre en España, en Alemania no hay una única normativa para el nombramiento de traductor-intérprete jurado, sino que cada estado o Land tiene su propia legislación al respecto. La denominación exacta puede variar de un estado a otro, pero lo que todos tienen en común es que cada intérprete y traductor jurado debe demostrar su cualificación profesional y su idoneidad para el desempeño de la mediación lingüística con carácter oficial.
Otro aspecto característico de la realidad del traductor-intérprete jurado en Alemania es que la persona que solicita el nombramiento debe aportar un certificado en el que demuestre que tiene conocimientos profundos en materia judicial (cada estado establece sus propios criterios con este fin). Por tanto, en el caso alemán, no basta con la competencia lingüística en los idiomas de origen y destino para ser traductor o intérprete jurado, sino que se concede una importancia sustancial al conocimiento jurídico.
La traducción jurada en Francia
En Francia, la traducción jurada (traduction assermentée) solo puede ser realizada por traductores inscritos como expertos judiciales (experts traducteurs) ante una Cour d’appel (Tribunal de Apelación). Estos traductores son oficialmente nombrados por el Estado y sus traducciones tienen valor legal ante cualquier autoridad francesa.
En este sentido, Francia y Alemania comparten un modelo de traducción jurada con reconocimiento oficial y fuerte supervisión estatal, mientras que el Reino Unido adopta un enfoque más liberal, centrado en la certificación privada sin necesidad de un nombramiento formal. La principal diferencia de Francia con respecto a Alemania radica en que en esta última la habilitación depende de cada estado federado, por lo que el sistema es más descentralizado.
Entender la diferencia entre traducción jurídica y traducción jurada es clave para garantizar que un documento legal sea tratado con el nivel de especialización y formalidad que requiere. Mientras la primera aporta un conocimiento técnico indispensable del lenguaje y los sistemas legales, la segunda añade un componente de validez oficial que puede ser determinante en trámites administrativos o judiciales.
Además, como hemos visto, el concepto de traducción jurada varía notablemente según el país, tanto en términos de regulación como de requisitos para los traductores. Por eso, antes de solicitar una traducción, es fundamental conocer el contexto legal del país de destino y asegurarse de contar con un profesional adecuado para cada tipo de encargo. Elegir bien entre una traducción jurídica o jurada no es solo una cuestión terminológica, sino una decisión que puede tener consecuencias legales importantes.
Carlos Sánchez Luis